Bouwer,
28 de agosto de 2013
Sres.
Legisladores
Legislatura
de la Provincia
de Córdoba
Nos
dirigimos a Ustedes tras haber recibido la noticia, difundida hoy, que el Poder
Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto de Ley de Expropiación de los
terrenos en que se localizarán el vertedero de residuos sólidos urbanos del
Cormecor-Municipalidad de Córdoba (zona Sur) y su estación de transferencia
(zona Norte).
Rechazamos
enfáticamente las localizaciones contenidas en el proyecto de Ley por los
argumentos citados abajo, los cuales serán oportunamente ampliados.
Hacemos
esta primera presentación en el marco del Artículo 17 de la Constitución
Nacional, de la Ley Nacional de Ambiente 25675 y de la Ley Provincial de
Ambiente 7343 y su Decreto Reglamentario 2131, entre otras.
Conforme
al Artículo 17 de la Constitución Nacional:
Artículo
17. La
propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de
ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa
de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.
Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el Artículo. 4°.
Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia
fundada en ley.
Todo
autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento,
por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada
para siempre del Código Penal Argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer
requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.
La
causa de una expropiación es la utilidad pública, utilidad que debe ser
demostrada en el contexto social y legal del país y de la provincia de Córdoba.
La
“utilidad pública” debe ajustarse no solamente a una necesidad aislada (la de
disponer residuos sólidos municipales mezclados y complejos en un cierto
espacio físico), sino a esa realidad, y a esa necesidad, en el contexto de la
normativa vigente sobre Evaluación de Impacto Ambiental, Participación
(Audiencia Pública) y Principio de Precaución, todos criterios mandatorios, que
-según la Ley Nacional 25675 y normativa vigente en la provincia de Córdoba- deben
ser previos a la toma de decisiones fatales, como lo es una expropiación con
finalidad específica parcial para la localización de un vertedero de RSU y la
localización de una estación de transferencia.
De lo
contrario no se estaría justificando la utilidad pública, sino disfrazando de
utilidad pública una decisión del área ejecutiva basada en el incumplimiento
deliberado y comprobable de normas esenciales, y en el desconocimiento de
actuaciones y fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ninguna
utilidad pública se puede justificar y construir en base a decisiones prima
facie ilegales que provocan una mayor pérdida de salud en los habitantes de
Bouwer, como lo es instalar un nuevo vertedero de residuos sólidos urbanos que
descarga Compuestos Orgánicos No Metánicos (CONM) al aire, muchos de ellos
tóxicos y oncogénicos (vertedero que terminaría acumulando más de 24 millones
de toneladas de basura durante 30 años de operación), además de lixiviados
contaminados, en proximidades de un vertedero previo, el de Potrero del
Estado-Bouwer, al que ingresaron más de 12 millones de toneladas de basura, y
que fue cerrado, precisamente, por los riesgos que representaba para la salud y
el ambiente.
Resulta
cuestionable administrativa, legal y éticamente que el Poder Ejecutivo de la
provincia elabore y presente un proyecto de expropiación de un terreno
catastralmente definido para la instalación de un vertedero en el cual se
depositaría, sin reciclaje, el 95% de toda la basura recogida por el
Cormecor-Municipalidad de Córdoba (primeros 5 años de operación) y el 90% de
toda la basura recogida por el Cormecor-Municipalidad de Córdoba (primeros 10
años de operación).
En
esta primera presentación dejamos asentadas nuestra oposición al Proyecto de
Ley de referencia enviado por el Poder Ejecutivo de la provincia, que
consideramos prima facie ilegal, y que se enmarca en la siguiente
realidad fáctica:
Primero.
Los sitios elegidos originalmente por el Cormecor lo fueron en base a un
estudio realizado por el Instituto Superior de Estudios Ambientales de la
Universidad Nacional de Córdoba (ISEA) que definió zona “óptimas” y “aptas”
para la localización del vertedero (primera etapa del Convenio
ISEA-Secyt-Municipalidad de Córdoba).
Segundo.
Ese estudio ha sido denunciado como técnicamente incorrecto por sus errores
técnicos y vacíos, entre ellos no consideró la existencia previa de
vertederos y basurales existentes, con sus respectivos impactos ambientales
negativos; no consideró que las localidades de Bouwer, Juárez Celman y
Malvinas Argentinas son las que tienen los peores indicadores socio-económicos
de toda el área de estudio y el peor
acceso a los sistemas de salud (radio de 50 kilómetros desde
el centro de la ciudad de Córdoba); no consideró la grave situación
sanitaria de las zonas afectadas, además de otras graves omisiones y errores.
Consecuentemente,
las llamadas “zonas óptimas” por el ISEA no son adecuadas técnicamente para la
localización de vertederos.
Muy
por el contrario, incluyen “zonas de sacrificio” ya existentes, un sacrificio
traducido en altos valores de mortalidad y morbilidad, que las expropiaciones
previstas en el Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo de la provincia consolidarían
y agravarían.
Tercero.
El ISEA se halla evaluando las implicancias socio-económicas de las dos
localizaciones decididas por el Cormecor-Municipalidad de Córdoba, tarea que
sigue siendo desarrollada y no finalizó (segunda parte del acuerdo firmado
entre ISEA-Secyt y Cormecor-Municipalidad de Córdoba).
Cuarto,
pese a la invalidez técnica del estudio realizado por el ISEA (estudio que está
siendo evaluado por investigadores independientes e investigadores de
universidades públicas), invalidez que se extiende a todo el proceso derivado
(resultado del antes mencionado acuerdo), no corresponde en esta instancia
presentar un Proyecto de Ley de expropiación de dos terrenos que:
A) No
fueron sometidos al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), proceso
que incluye la presentación del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental,
EsIA (Ley Provincial 7343 y Decreto 2131; Ley Nacional 25675).
B) No
se debatió el Estudio de Impacto Ambiental ni la iniciativa general en
Audiencia Pública (obviamente porque no se realizó aún el Estudio de Impacto
Ambiental), siendo que tanto el EIA como el EsIA y la Audiencia Pública son
obligatorias por ley (Ley Nacional 25675; Ley Provincial 7343 y Decreto
Reglamentario 2131; otras normas aplicables).
C) No
se consideró en todo el proceso mencionado ut supra el Principìo de
Precaución que establece el Artículo 4º de la Ley Nacional de Ambiente
25675.
D) No
se consideraron los fallos aplicables al caso que produjo la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
E)
Ignora y vulnera el Artículo 41 de la Constitución Nacional y la Constitución
de la provincia de Córdoba, condenando sectores comunitarios a la enfermedad,
la mortandad evitable y la pérdida de calidad de vida, de todo lo cual existen
datos fehacientes, bibliografía con referato y testimonios que tornan
incomprensible la ligereza e improvisación con que se manejó este tema desde el
ISEA, desde el Cormecor y la Municipalidad de Córdoba, y ahora desde el Poder
Ejecutivo de la provincia de Córdoba.
Dejamos
constancia que los sistemas existentes de abordaje del Sistema de Recolección,
Transporte y Tratamiento de residuos sólidos urbanos, como las iniciativas de
Basura Cero, están disponibles y son viables, y que tales programas contemplan
-para todos aquellos residuos que no puedan reciclarse ni recircularse ni
compostarse- procedimientos de disposición final de bajo impacto ambiental.
Toda
iniciativa de Basura Cero implica el cumplimiento a rajatabla de los
procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, de Audiencias Públicas y del
Principio de Precaución, entre otras normas fundamentales. No se entiende
entonces porqué el Cormecor-Municipalidad de Córdoba y el gobierno de la
provincia de Córdoba se embarcaron en un proyecto improvisado y prima facie ilegal,
cuando existen alternativas, dispositivos y mecanismos disponibles desde lo
técnico, administrativo y participativo.
Es
injusto y humanamente inaceptable que por impericia, ya sea de los organismos
públicos, ya sea del ISEA-UNC, se ignore la situación sanitaria y ambiental de
la zona de Potrero del Estado-Bouwer, y de la zona ubicada al Sur de la ciudad
de Córdoba, y se genere una nueva fuente potencial de enfermedades, muertes
evitables y mala calidad de vida.
Por
todo lo anterior requerimos se nos tenga por presentados.
También
requerimos de los Sres. Legisladores una máxima responsabilidad y criterio
técnico para que no convaliden con sus decisiones y votos el proyecto
presentado por el Ejecutivo del gobierno de Córdoba, ni estudios mal hechos, ni
expropiaciones violatorias de normas vigentes y de derechos humanos esenciales.
Al
mismo tiempo hacemos reservas de todas las acciones administrativas y
judiciales que correspondan, ello conforme a los pasos, trámites y decisiones
que se vayan produciendo en el tiempo, incluidas presentaciones -si fuera
menester- ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Decisiones
apresuradas y que consolidan zonas de sacrificio humano no son aceptables en
una sociedad que pretende ser más justa, equitativa y responsable.
No hay comentarios:
Publicar un comentario